Recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley
que recoge la reforma de la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad.
Una de las medidas más importantes afecta a la accesibilidad en edificios en
régimen de propiedad horizontal.
Según datos del Comité de representantes de personas con discapacidad
aproximadamente unas cien mil personas se encuentran atrapadas en sus
hogares porque los edificios no cuentan con las instalaciones para salvar los
elementos arquitectónicos que afectan a la accesibilidad, pero no solo eso,
ya que estas reformas no se limitan a la supresión de barreras físicas o a la
adaptación de elementos referidos a la movilidad. Su objetivo es asegurar la
accesibilidad universal, lo que incluye, por ejemplo, instalar videoporteros
si algún vecino con discapacidad auditiva lo solicita.
En concreto, la norma prevé modificar el artículo 10 de la Ley de Propiedad
Horizontal, a fin de que todas las actuaciones para asegurar la accesibilidad
universal resulten obligatorias, igual que las de estanqueidad o las
relacionadas con la seguridad de los edificios.
Donde haya personas con movilidad reducida, como las personas mayores y
personas con discapacidad solamente basta con que el vecino afectado
solicite las mencionadas obras de accesibilidad. El resto de los comuneros
no van a poder negarse a las obras para hacer accesible sus portales o zonas
comunes si alguien con necesidades especiales en la comunidad lo pide. Es
otra de las novedades que trae la nueva Ley de dependencia y discapacidad.
Dicha reforma normativa persigue mejorar la calidad de vida de las personas
dependientes elevando a categoría de derecho fundamental la accesibilidad
universal. Se trata de obras fundamentales la más habitual la de instalación
de un ascensor obligando a las mismas a solicitar todas las ayudas y
subvenciones para la ejecución de las obras.
Relacionado con esta nueva normativa, el Gobierno de España rebaja el
porcentaje del 75% al 70% del importe de las obras o actuaciones realizadas
que deberán cubrir las ayudas y subvenciones concedidas. Esta medida tiene
como finalidad mejorar el requisito para acceder a las mencionadas ayudas.
Para disminuir la burocracia, la norma reconoce a las personas dependientes
(de cualquier grado) una discapacidad del 33%. Les evita tener que
solicitarlo, ser valorados, etc. lo que reducirá las listas de espera, salvo que
el dependiente quiera tener el reconocimiento de una discapacidad mayor.
Ahora, se introducen tres obligaciones articuladas por el Ministerio de
Derechos Sociales:
• Las Administraciones públicas estarán obligadas a dar subvenciones
para accesibilidad.
• Las comunidades de vecinos están obligadas a solicitarlas y, si cubren
al menos el 70% del coste de la obra, a ejecutarla.
• De lo contrario, el vecino vulnerable podrá acudir a la Justicia. Porque
la accesibilidad pasa de ser un principio a ser un derecho.
