El uso de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito jurídico ha dejado de ser una promesa de eficiencia para convertirse, en algunos casos, en un problema procesal de primer orden.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha abierto diligencias tras detectar que un recurso de apelación incluía varias citas del Tribunal Supremo y documentos institucionales que simplemente no existen, presuntamente generados por una IA sin la debida comprobación por parte del abogado firmante. El tribunal ha recordado que, aunque se utilicen herramientas tecnológicas, la responsabilidad profesional sigue siendo exclusivamente humana, y ha advertido de posibles consecuencias disciplinarias por vulnerar el deber de buena fe procesal.
Este episodio no es aislado. En otros tribunales ya se han encendido las alarmas ante el uso acrítico de IA en escritos judiciales. En su Auto 38/2024, de 4 de septiembre, el TSJ de Navarra decidió no sancionar a un abogado que citó erróneamente el Código Penal colombiano en una querella tras utilizar ChatGPT-3, aunque dejó claro que el error no queda amparado por el uso de estas herramientas.
La controversia ha ido incluso más allá del ejercicio de la abogacía. Un abogado melillense ha presentado una queja ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Ceuta, por haber utilizado jurisprudencia inexistente del Tribunal Supremo generada por inteligencia artificial en una resolución judicial.
El mensaje empieza a ser unánime: la IA puede asistir, pero también “alucinar”, y cuando lo hace, el problema no es tecnológico, sino jurídico y ético. La verificación sigue siendo innegociable.
Y ahora queda la duda final: este artículo, ¿lo ha escrito una persona… o una inteligencia artificial especialmente cuidadosa en no inventarse sentencias?
