Pocos conductores son conscientes de la cantidad de información que genera hoy un vehículo moderno. Cada trayecto, cada revisión, cada avería o incluso cada patrón de conducción deja un rastro de datos. Lo mismo ocurre cuando utilizamos una pulsera de actividad, un reloj inteligente o un electrodoméstico conectado a internet. Sin apenas percibirlo, generamos constantemente información sobre nuestros hábitos, nuestros desplazamientos, nuestro consumo o nuestra forma de utilizar la tecnología.
La mayoría de los usuarios desconocen qué ocurre con esa información una vez generada. Y, sobre todo, desconocen quién tiene realmente el control sobre ella.
Hasta ahora, gran parte de esos datos permanecían en manos de los fabricantes o proveedores tecnológicos. Aunque el usuario era quien utilizaba el producto y generaba la información con su actividad diaria, el acceso efectivo a esos datos resultaba, en muchos casos, limitado o incluso imposible. La Unión Europea ha decidido intervenir para corregir esa situación mediante el denominado Data Act, una de las normas digitales más relevantes de los últimos años.
La filosofía de esta regulación es relativamente sencilla. Si un producto genera datos gracias a su uso, el usuario debe poder acceder a ellos y decidir cómo utilizarlos o con quién compartirlos. No se trata tanto de reconocer una “propiedad” sobre los datos como de garantizar un acceso más justo y equilibrado a una información que, en gran medida, nace precisamente de la actividad del propio usuario.
Pensemos en un ejemplo cotidiano. Un vehículo moderno recopila información sobre consumo, averías, mantenimiento, rendimiento o utilización. Con las nuevas reglas europeas, el propietario podrá solicitar acceso a buena parte de esos datos y, además, autorizar que sean compartidos con terceros, como talleres independientes o proveedores de servicios especializados. El objetivo es evitar que toda la información quede concentrada exclusivamente en manos del fabricante.
La medida busca favorecer una economía digital más abierta y competitiva. Según las instituciones europeas, una parte muy significativa de los datos generados por dispositivos conectados permanece infrautilizada. Facilitar su circulación puede impulsar la innovación, favorecer nuevos servicios y reducir situaciones de dependencia tecnológica.
Sin embargo, el Data Act también plantea importantes desafíos jurídicos. Uno de los más relevantes afecta a la convivencia entre esta norma y la protección de datos personales. Porque, en la práctica, muchos de los datos generados por dispositivos inteligentes contienen información que permite identificar o perfilar a una persona.
Un coche conectado puede revelar rutas habituales, horarios o patrones de movilidad. Un reloj inteligente puede registrar información relacionada con la salud. Una vivienda domótica puede mostrar hábitos de vida de sus ocupantes. Por ello, el Data Act no sustituye al Reglamento General de Protección de Datos, sino que debe aplicarse conjuntamente con él. Cuando los datos permitan identificar a una persona, seguirán vigentes todas las garantías y derechos reconocidos por el RGPD.
La nueva normativa también incorpora límites. Las empresas no están obligadas a compartir determinados datos cuando existan riesgos para la seguridad o cuando estén en juego secretos empresariales especialmente sensibles. El reto consiste en encontrar un equilibrio entre la apertura de los datos y la protección de intereses legítimos.
Durante años, la pregunta fue quién recopilaba nuestros datos. Ahora la cuestión empieza a ser otra: quién puede acceder a ellos y quién decide cómo se utilizan.
La respuesta que ofrece Europa es clara. En la economía digital del siglo XXI, los usuarios no deben limitarse a generar información. Deben disponer también de una capacidad real de acceso, control y decisión sobre los datos que producen cada día mediante el uso de dispositivos que forman parte habitual de su vida cotidiana.
