El índice IRPH, utilizado durante años por los bancos como referencia en numerosas hipotecas, se encuentra en el centro de una controversia judicial que afecta a más de un millón de familias españolas. Este indicador, calculado a partir de la media de los tipos de interés aplicados por las propias entidades, ha sido históricamente más alto que el Euríbor, lo que ha supuesto cuotas más elevadas para los consumidores.
La polémica no radica tanto en el índice en sí, sino en la falta de transparencia con que fue comercializado. Muchos prestatarios no fueron informados de cómo se calculaba el IRPH, de su evolución histórica ni de que podía resultar más costoso que otras alternativas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que la mera publicación del IRPH en el BOE no basta para garantizar su transparencia, y que los jueces españoles pueden anular estas cláusulas si el consumidor no fue debidamente informado.
Ante este escenario, el Tribunal Supremo de España tiene la tarea de fijar doctrina definitiva. Su fallo podría obligar a la banca a devolver miles de millones de euros —hasta 40.000 millones, según estimaciones— si se declara la nulidad de las cláusulas IRPH, o bien confirmar su validez bajo criterios de transparencia reforzada. En cualquier caso, el impacto económico y jurídico será enorme.
El retraso en dictar sentencia ha generado creciente incertidumbre. El Supremo deliberó el pasado 1 de octubre varios recursos sobre estas hipotecas, pero aún no ha publicado su resolución, dejando “en vilo” a los afectados. Esta demora prolonga una sensación de inseguridad jurídica tanto entre los consumidores como en el sector financiero.
En definitiva, el futuro del IRPH no solo definirá la suerte de miles de hipotecas, sino que pondrá a prueba el compromiso de la justicia española con los principios de transparencia, protección al consumidor y alineación con el derecho europeo. La sentencia que finalmente emita el Supremo será determinante para fijar los límites de la contratación hipotecaria en España y la confianza en el sistema financiero.
