Cada año, más de 200.000 contribuyentes en España deben presentar el
Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo directo que grava el patrimonio neto de
las personas físicas a 31 de diciembre. Este impuesto, que tradicionalmente se
dirige a quienes poseen patrimonios elevados, adquiere especial complejidad al
estar cedido a las comunidades autónomas, permitiendo a cada una adaptar
mínimos exentos, escalas y bonificaciones a su realidad fiscal.
Una visión general del impuesto
A nivel nacional, el Impuesto sobre el Patrimonio se calcula sumando todos los
bienes y derechos y restando las deudas y la exención correspondiente a la
vivienda habitual, (300.000 euros). Sobre el patrimonio neto restante se
descuenta el mínimo exento (700.000 euros) y se grava la base liquidable con
una escala progresiva. Los tipos impositivos pueden ir desde el 0,2% hasta el
3,5% en tramos muy elevados..
Galicia: características y novedades
Galicia establece un mínimo exento de 700.000 euros, similar a la base estatal,
pero introduce medidas acumulables entre ssí destinadas a aligerar la carga
fiscal:
Bonificación general del 50%, que se aplica a la cuota íntegra derivada
del impuesto.
Deducción del 75% (con un límite de 4.000 euros) para la creación de
nuevas empresas o la ampliación de la actividad.
Deducción del 100% por inversión en empresas agrarias.
Otras comunidades, como Andalucía han optado por una escala autonómica con
tipos entre el 0,20% y el 2,50%, o Cataluña que mantiene mínimos exentos
menores (500.000 euros).
Estas divergencias reflejan la diversidad fiscal en España, donde cada
comunidad intenta equilibrar la recaudación y el impulso a ciertas actividades
socioeconómicas de relevancia en su territorio.
Cabe señalar, que el Impuesto sobre el Patrimonio está actualmente en revisión
por el Tribunal Constitucional, debido al incremento del tipo impositivo de un
2,5% a un 3,5%, entre otras cuestiones. Lo que se determine, afectará de una
forma relevante a las políticas impositivas de todas las comunidades autónomas.
Conclusión
El Impuesto sobre el Patrimonio además de una función recaudatoria, actúa
también como herramienta de redistribución y de diseño fiscal autonómico. Su
cesión a las comunidades permite a cada territorio adaptarlo a su realidad
económica, social y política.
Por ello es importante acudir a profesionales especializados para aplicar las
bonificaciones y deducciones para cada comunidad autónoma.
