La Ley de Segunda Oportunidad nació con la intención de permitir a empresarios comenzar de nuevo tras un fracaso económico. Sin embargo, para los autónomos ha resultado casi inútil: aunque la reforma de 2022 permitió incluir parte de las deudas públicas, se fijó un límite de 20.000 euros (10.000 con Hacienda y 10.000 con Seguridad Social). Una cifra muy inferior a la que soportan la mayoría de profesionales por cuenta propia.
Ahora, distintos juzgados mercantiles, como el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, han decidido ignorar ese límite y condonar la deuda total de un autónomo, aplicando directamente la Directiva europea de insolvencia, que prima sobre la ley nacional. El subrayó que el límite fijado es desproporcionado y contrario al espíritu de la normativa comunitaria.
Una ley que de segunda oportunidad “solo tiene el título”
Para la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la situación es clara: la norma española es “fallida”. Su vicepresidenta, asegura que “con bancos y proveedores se puede negociar, pero con Hacienda y Seguridad Social no”, y recuerda que los recargos e intereses de demora acaban arruinando actividades viables. “Si alguien solo puede exonerarse de 10.000 euros con cada administración, no es una verdadera segunda oportunidad”.
La normativa europea, la clave del cambio
El director jurídico de ATA, explica que los jueces no actúan en aplicación del principio de primacía del Derecho de la UE: “Si una norma española contradice una directiva europea, los tribunales deben aplicar esta última”. Así, el límite de 20.000 euros “frustra el objetivo de la directiva” e impide que muchos autónomos puedan reemprender su actividad.
El Tribunal Supremo tendrá la última palabra
Estas sentencias recientes todavía no crean jurisprudencia. Será el Tribunal Supremo quien deba fijar doctrina y decidir si el límite español es compatible con la legislación comunitaria. Hasta entonces, se abre un periodo de incertidumbre, en el que las audiencias provinciales podrían dictar resoluciones contradictorias.
Conclusión.
Pese a la falta de una resolución definitiva, cada fallo favorable supone una luz al final del túnel para miles de autónomos ahogados por deudas con Hacienda y Seguridad Social. La cuestión ahora es si el Supremo consolidará este giro o volverá a cerrar la puerta. Para muchos trabajadores por cuenta propia, lo que está en juego es más que un procedimiento judicial: es la posibilidad real de empezar de nuevo y salvar su futuro.
